Como abogados, cada vez nos encontramos con más clientes —y también más compañeros de profesión— que preguntan si es realmente seguro identificar a una persona mediante vídeo. La respuesta, hoy, es un sí rotundo, siempre que ese proceso cumpla unos requisitos técnicos y jurídicos muy concretos. Eso es a lo que llamamos vídeo identificación cualificada, y conviene que quien ejerce el derecho entienda bien su funcionamiento antes de incorporarla a su práctica diaria.
Qué es y de dónde viene el uso de la vídeo identificación en el ámbito legal
La vídeo identificación cualificada es un método de identificación remota que permite verificar la identidad de una persona con el mismo nivel de garantía que si compareciera físicamente ante un notario, un funcionario o un prestador de servicios de confianza. No es una videollamada: es un procedimiento reglado, supervisado y sujeto a control por parte de la Administración.
Su base jurídica arranca en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 (eIDAS), que ya contemplaba la posibilidad de verificar la identidad de un solicitante mediante métodos distintos a la presencia física, siempre que ofrecieran una fiabilidad equivalente. España desarrolló esa previsión a través de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, cuyo artículo 7.2 habilitó al Ministerio competente para fijar las condiciones técnicas de la identificación remota.
Ese desarrollo llegó con la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, publicada en el BOE tras el confinamiento derivado de la COVID-19, que reguló por primera vez los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados. Posteriormente fue modificada por la Orden ETD/743/2022, de 26 de julio, que reforzó las exigencias de seguridad técnica remitiendo al anexo F.11 de la guía CCN-STIC-140 del Centro Criptológico Nacional, de categoría alta.
Cómo funciona en la práctica la vídeo identificación
El procedimiento sigue una secuencia estandarizada, diseñada precisamente para eliminar el margen de fraude:
- El usuario acepta las condiciones y la política de privacidad del servicio de vídeo identificación.
- Muestra su rostro a la cámara para capturar sus rasgos faciales.
- Presenta el anverso y el reverso de su documento oficial de identidad, que se cotejan automáticamente y mediante verificación humana con la fotografía capturada.
- Un operador certificador supervisa el proceso y el sistema aplica controles antifraude (detección de vida, análisis de elementos de seguridad del documento, comparación biométrica).
- Una vez validada la identidad, se expide el certificado electrónico cualificado o se formaliza el acto jurídico correspondiente.
Todo el proceso queda registrado y trazado, lo que constituye a la vez la garantía de seguridad y la prueba de que la identificación se realizó correctamente, algo especialmente relevante si el acto acaba siendo cuestionado en sede judicial.
Validez jurídica: por qué equivale a la presencia física
La pregunta que más nos hacen otros abogados es directa: ¿esto aguanta un juicio? La respuesta está en el propio diseño normativo.
La Orden ETD/465/2021 exige que el prestador que ofrezca este servicio sea un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificado, sometido a supervisión del Ministerio de Transformación Digital y a auditorías periódicas conforme al Esquema Nacional de Seguridad. Solo quien ostenta esa cualificación —inscrita en la Lista de Confianza (TSL) española— puede emitir certificados con esta vía de identificación.
Esa cualificación es la que dota al acto de la presunción de equivalencia con la comparecencia presencial. En la práctica, esto tiene una consecuencia muy tangible para el ejercicio de la abogacía: permite formalizar poderes apud acta con plena validez para actuar ante los tribunales, sin que el poderdante tenga que desplazarse físicamente ni disponer previamente de un certificado digital propio.
El valor diferencial: identificación cualificada de origen
Aquí es donde conviene ser rigurosos, porque no todas las herramientas del mercado ofrecen el mismo nivel de garantía. Muchas plataformas de gestión documental incorporan una capa de «verificación de identidad» que, en realidad, no está amparada por la condición de prestador cualificado y, por tanto, no genera la misma presunción de validez jurídica.
Apud Acta parte de una posición distinta: pertenece a Bewor Tech, S.L., que actúa como Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificado acreditado por el Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública, conforme al Reglamento eIDAS, la Ley 6/2020 y la Orden ETD/465/2021.
Eso significa que la vídeo identificación integrada en la plataforma no es un añadido cosmético, sino el mismo procedimiento cualificado que sustenta la expedición de certificados electrónicos con plena eficacia probatoria. Para el despacho, esto se traduce en la posibilidad de formalizar un apoderamiento apud acta en cuestión de minutos, con la seguridad jurídica de que el acto resistirá cualquier impugnación basada en la identidad del poderdante.
Una herramienta a tener en cuenta
Para quienes ejercemos la abogacía, entender el andamiaje normativo detrás de la vídeo identificación cualificada es lo que nos permite recomendar —o descartar— una herramienta con criterio. Cuando el prestador que hay detrás ostenta la cualificación exigida por la normativa europea y española, la identificación remota deja de ser una comodidad tecnológica para convertirse en un acto con plena validez jurídica, equiparable a la presencia física ante el profesional correspondiente.
