La DANA vivida en la Valencia ha sido la peor gota fría del siglo en España y la peor catástrofe natural registrada en la Comunidad Valenciana desde hace 100 años.

En un primer momento, el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció tres días de luto y comunicó que el Gobierno central declararía la zona afectada por la DANA como “altamente afectada”, comprometiéndose a gestionar “todas las ayudas” tanto estatales, como provenientes de fondos europeos.

Por el Ministerio de Defensa, en los primeros días se movilizó a 1.700 militares, que han resultado ser insuficientes para la magnitud de la situación.

La realidad fue que miles de personas afectadas, unas 115.000, se vieron durante días sin agua, sin electricidad, muchos de ellos sin casa, sin negocios, sin vehículo, abandonados a su suerte por las administraciones, en sus propias palabras. Además, las fuertes lluvias provocaron el caos en las carreteras y en las vías de tren y AVE, dejándolos incomunicados.

Todos hemos visto las imágenes de miles de vehículos apiñados unos encima de otros, sin que nadie los retirara durante días, obstruyendo las calles e imposibilitando las tareas de limpieza para volver a la normalidad, y lo peor, con personas dentro que no pudieron salir del coche y murieron en su interior a consecuencia de las fuertes lluvias.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha comunicado que los datos de desapariciones activas y el número total de víctimas mortales «son diferentes, por lo que no deben ser sumados en ningún caso», ya que, los expedientes activos por denuncias de desaparecidos, «pueden aumentar o descender en función de las nuevas identificaciones de los fallecidos existentes, el incremento de denuncias de desaparición o la localización de personas con vida».

Récord histórico. 184,6 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora.

El jueves 7, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), informó que el 29 de octubre se recogieron en la estación meteorológica de Turís (Valencia), 184,6 litros de lluvia por metro cuadrado, lo que supone el récord de precipitaciones acumuladas en una hora en España.

La Aemet cataloga de cantidad de lluvia registrada como “extraordinaria”. La estación meteorológica de Turís registró 184,6 l/m2, que es el valor máximo histórico registrado en España, por delante de los 159,2 l/m2 acumulados en Vinaròs (Castellón) el 19 de octubre de 2018.

En la franja de 24 horas el 29 de octubre la estación meteorológica recogió 771,8 litros por metro cuadrado y la precipitación máxima en diez minutos fue de 42 litros por metro cuadrado.

Pero, ¿quién tiene la competencia para la gestión de esta catástrofe?, ¿el gobierno central, o el autonómico?

Entre administración y administración, surge la solidaridad

El sentido común nos dice a todos los ciudadanos que ambas administraciones debían haber actuado desde el minuto uno de forma inmediata, solidaria y coordinada, poniendo todos los recursos tanto estatales como autonómicos al servicio de los afectados.

Pero, por desgracia, la realidad que hemos visto esta semana ha sido otra bien conocida, a la que los políticos ya nos tienen acostumbrados, es decir, a echarse la responsabilidad unos a otros. La gestión de la catástrofe ha sido desastrosa por ambas administraciones.

Según datos que se van conociendo ahora, los avisos de la Central de Emergencias de la Generalitat Valenciana para que la población se quedara en casa sin desplazarse, tuvieron lugar a última hora de la tarde del martes 29, después de que se produjeran las fuertes lluvias y los gravísimos daños humanos y materiales.

De haber dado los avisos con antelación, muchas personas podrían haber vuelto a sus casas y tomar medidas para que la DANA no les pillara en plena calle o dentro de sus vehículos, de modo que el número de fallecidos hubiese podido ser mucho menor.

Además, en los días siguientes a las fuertes lluvias, se ha constatado que miles de personas continuaban sin recibir ayudas, ya que los efectivos de bomberos, militares y demás cuerpos de seguridad que estaban llegando eran insuficientes para la cantidad de pueblos arrasados por la riada.

Han sido los voluntarios llegados de toda España, junto con los afectados, los que han demostrado estar a la altura, ya que muchas personas llegaron a pie a los pueblos afectados con material de limpieza para hacer todo lo que pudieran por limpiar calles y viviendas.

Como consecuencia del caos que ha generado la situación, también las fuerzas de seguridad locales se han visto desbordadas por los robos y pillajes en comercios y viviendas, y hemos visto supermercados saqueados y vecinos instalando como podían nuevas puertas improvisadas para intentar que no robaran las pocas pertenencias que les quedaban en sus casas.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia del sábado 2 de noviembre manifestó: “Si necesita más recursos, que los pida”, refiriéndose al Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, de signos políticos distintos, el primero del PSOE, y el segundo del PP.

Y mientras que los políticos cruzaban acusaciones sobre la competencia en la gestión de la catástrofe, los afectados seguían esperando esa ayuda tan necesaria, por ejemplo de maquinaria que fuese capaz de retirar, por ejemplo, coches y barro que los ciudadanos con simples escobas no podían.

Qué dice la ley sobre las competencias administrativas en situaciones de emergencia

Al margen de la actuación que ha llevado a cabo cada una de las administraciones, la competencia de ambas para la gestión de hechos catastróficos como el ocurrido en Valencia, es solidaria, o lo que es lo mismo, indistinta, de forma que ambas administraciones deben responder de modo concurrente.

Por tanto, el Gobierno del Estado español no necesita la previa solicitud de ayuda por parte de la Generalitat Valenciana para actuar ante la catástrofe, siendo el Ministro del Interior, competente para enviar a las Fuerzas Armadas a la zona catastrófica, conforme a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

En concreto, el artículo 34, referido a las competencias del Ministro de Interior, entre las que se encuentra impulsar, coordinar y desarrollar la política del Gobierno en materia de protección civil, siendo competencias de este, desarrollar normas de protección civil apruebe el Gobierno, y entre otras:

• Declarar la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación,
• Proponer al Gobierno, junto con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
• Dirigir, coordinar e inspeccionar las acciones y los medios de ejecución de los planes de protección civil de competencia estatal.
• Disponer, con carácter general, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y solicitar del titular del Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas.

En este sentido se ha pronunciado El Tribunal Constitucional, sobre esta responsabilidad solidaria de las administraciones en varias sentencias, entre otras, las Sentencias 123/1984, y 133/1990.

En cuanto a la gestión de la Comunidad Valenciana, están saliendo a la luz datos sobre cómo actuaron el día 29 de octubre, tanto la responsable de emergencias de la Comunidad, como el propio Presidente, Carlos Mazón, quien, a pesar de los avisos en días anteriores por la Aemet sobre riesgo extremo y aviso rojo, parece ser que se dedicó por la mañana a asuntos ajenos a la DANA, y estuvo en una comida con una periodista que se alargó por la tarde, llegando dos horas tarde a la reunión urgente programada.

A todo esto, ya a las 11:30 de la mañana del día 29, se desbordó el barranco del Poyo, en la localidad de Chiva, y más tarde en otras localidades, como Torrent, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa y Catarroja, con graves inundaciones y corrientes que provocaron la muerte de varias personas mucho antes de la reunión.

La conclusión que podemos sacar de estos hechos es que la mala gestión y el cruce de acusaciones entre el gobierno central y el autonómico pudo tener como consecuencia un retraso en la necesaria actuación de ambas administraciones, en concreto del ejército con toda su personal y maquinaria, y sin embargo, a pesar de que ambas administraciones están obligadas a actuar de forma solidaria, no lo hicieron.

Es preciso referir que el artículo 5.1 de la citada Ley 17/2015, establece que todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de catástrofe.

Y ante esta situación, muchos ciudadanos nos preguntamos, cómo es posible que este abandono siga ocurriendo 10 días después, siendo España el 4º Estado más rico de la UE.

Habrá que exigir responsabilidades políticas y de carácter civil e incluso penal, a los responsables de las administraciones que actuaron con negligencia, impidiendo la pronta actuación de las Fuerzas Armadas, lo que provocó muchas muertes, desaparecidos y el abandono de los afectados.

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