El Partido Popular apuesta por una Ley contundente que permita desalojar a los okupas tan solo en 24 horas. Hablamos de la llamada “Ley Feijoó”.

La Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad en las comunidades de propietarios, fue presentada por el grupo popular en el Senado el pasado 7 de febrero.

Aprobación de la Ley en el Senado

Desde el partido popular informan de que el Pleno del Senado ha aprobado la toma en consideración de la Ley anti okupación presentada por su Grupo Parlamentario, siendo defendida por los senadores José Ramón Díez de Revenga y Fernando Martínez-Maíllo. Para su aprobación definitiva y ser una realidad, tendrá que pasar el filtro del Congreso de los diputados.

Los argumentos del portavoz de Vivienda del Partido Popular, José Ramón Díez de Revenga, para defender la viabilidad de la medida, han sido que es posible “otra forma de gobernar”. Y ha abogado por la existencia de otra forma de hacer política, y de ocuparse de los “problemas reales de los españoles”.

Argumentos del Partido Popular

Con esta reforma legal, se pretende “evitar conductas delictivas en vez de fomentarlas o amnistiarlas”.

El portavoz del Partido Popular recuerda que la Proposición de Ley antiokupación “plantea cambios que permitirán proteger la propiedad privada, endurecerá las penas por okupación ilegal, facilitará el desalojo de los okupas en 24 horas e impedirá el empadronamiento en las viviendas okupadas”.

Modificaciones al Código Penal para desalojar okupas en 24 horas

Como novedad, contempla modificar el Código penal para poder enjuiciar penalmente aquellas conductas que alientan o fomentan la ocupación, que actualmente no están tipificadas como delictivas.

Y es que, en los últimos años hemos visto como se ha establecido un “mercado de viviendas para ser ocupadas ilegalmente”, e incluso se ha dado el caso de existir “listas de espera” de posibles okupas de una vivienda, una vez desalojaban a los que se encontraban ocupando ilegalmente la misma”. De esta práctica se han beneficiado “intermediarios”, que cobraban una cantidad nada despreciable al futuro okupa, a cambio de facilitarle entrar en las viviendas, creándose así un “nuevo negocio de mercado ilegal de viviendas ocupadas”.

Otras de las medidas que se pretenden con la Ley Feijóo es dar a las Comunidades de propietarios más importancia y relevancia en estos casos, de forma que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas.

Se trata de llegar al grado de “tolerancia cero” con la ocupación ilegal de viviendas.

Inspiración en Legislaciones Extranjeras

Desde el Partido Popular señalan que “Este fenómeno nada tiene que ver con aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda, ni con la pobreza. Los okupas son delincuentes organizados. Y, por ello, al okupa no se le desahucia, al okupa se le desaloja, y al vulnerable se le protege”.

«No es un problema menor, ni algo de unos chavales gamberros o antisistema. Es un problema real en el que intervienen verdaderas mafias que han creado una industria del crimen mientras el Gobierno de Sánchez mira para otro lado, cuando no ampara directamente estas conductas», expresa el portavoz de vivienda del PP, Díez de Revenga.

El movimiento okupa ha ido teniendo cada vez más fuerza en España ante la pasividad de muchos jueces, que han dejado transcurrir en demasía los plazos para adoptar medidas de desalojo. Lo cierto es que la legislación española actual, ya contempla la posibilidad de desalojo rápido, a través de las medidas cautelares.

Así, en el ámbito penal, la ley de enjuiciamiento criminal prevé la posibilidad de que, ante una denuncia por usurpación ilegal de vivienda, el propietario puede interesar, con carácter inmediato, en la propia denuncia, la adopción como medida cautelar de orden de lanzamiento de las personas que ocupan ilegalmente una vivienda, pero lo cierto es que, esta medidas cautelar no suele adoptarse por los tribunales españoles, por lo que el procedimiento se puede alargar en el tiempo por distintas razones, entre otras, dificultad para identificar a los ocupas y para citarlos a juicio por delito leve de usurpación.

De forma que, desde que el propietario denuncia que han ocupado su vivienda ilegalmente, hasta el dictado de la Sentencia acordando la condena y desalojo, pueden pasar muchos meses y hasta más de un año, amén de que, con el dictado de la Sentencia de condena no es suficiente, ya que sí los ocupas no desalojan voluntariamente la vivienda, habrá que ir al procedimiento de ejecución de la misma, el cual también puede tardar bastante tiempo.

Más demora existe todavía cuando en lugar de acudir a la jurisdicción penal para echar a los ocupas, se acude a la jurisdicción civil, mediante la interposición de una demanda de desahucio por precario.

Por ello, ante la falta de eficiencia de la justicia, en España ha ido aumentando la ocupación ilegal, estimándose que puede haber más de 100.000 inmuebles ocupados ilegalmente, lo que ha generado mucho miedo en los propietarios y comunidades de propietarios, incrementándose las denuncias por okupación en un 37%, según el portavoz del PP.

Cómo afecta a las Comunidades de propietarios

Otra cuestión a tener en cuenta, al margen de la vulneración del derecho a la propiedad privada y a su disfrute pacífico, es la incomodidad que sufre la Comunidad de Propietarios, con esta reforma, se pretende proteger un bien jurídico que hasta ahora no se había tenido en cuenta como es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa y proteger a los propietarios y sus bienes.

Desde el Partido Popular manifiestan que se han inspirado en la legislación de países como Alemania, Reino Unido y Francia, donde sus leyes son más contundentes contra la ocupación ilegal y el aumento del “movimiento ocupa” no es tan grande como en España.

La propuesta del PP, aboga por establecer un procedimiento expres, que permita ejecutar el desalojo de los okupas en un plazo de 24 horas, en le caso de que no acrediten que poseen un título suficiente que les dé derecho a permanecer en la vivienda.

La proposición ha pasado el filtro del senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero es importante tener en cuenta que los “socios” del gobierno, PNV, Junts y Coalición Canaria se han abstenido en su votación, lo que puede significar un apoyo a la proposición de Ley, la cual ha salido adelante en la Cámara Alta con 147 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones.

El próximo paso será pasar por el Congreso de los Diputados para su aprobación, lo que será posible en el supuesto de que estos tres aliados del gobierno, vuelvan a abstenerse en el Congreso, y Vox votara sí. En todo caso, habrá que esperar.

En este contexto, recientemente, ha saltado la noticia de que se han unido varios partidos para que Cantabria se adhiera a esta Ley.

Por último, recuerda que puedes otorgar un poder a tu abogado o procurador, desde nuestra plataforma online ApudActa.com, sin necesidad de certificado digital y con todas las garantías legales.