En su informe, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa, analiza las principales tendencias en los sistemas judiciales de 44 países europeos y dos Estados observadores, Israel y Marruecos.

El informe mide el impacto de la pandemia de Covid en los sistemas judiciales de los Estados miembros, siendo un indicativo importante para comprender mejor el funcionamiento de la justicia en Europa y mejorar su eficiencia y calidad.

Repasamos a continuación algunos de los resultados clave del informe por temáticas.

El Consejo de Europa desgrana el presupuesto asignado a la justicia

El informe destaca que la parte del presupuesto que cada país destina a la justicia sigue siendo bajo si lo comparamos con la inversión en otros sectores públicos, representando aproximadamente el 0,31% del PIB.

Cada país gasta de media 85,4 euros por habitante en el sistema de justicia, lo que supone 7,31 euros más que en 2020.

Algunos de los países más ricos llegan a superar los 200 euros por habitante, mientras que los países menos ricos dedican un porcentaje mayor de su PIB a la justicia, lo que refleja que realizan un mayor esfuerzo en atención a sus recursos económicos.

Del presupuesto judicial, 2/3 se destinan a los tribunales, el 25 % a fiscalía, y el 11 % restante a asistencia jurídica.

Llama la atención que se han incrementado los gastos en tribunales y fiscalía, mientras que en asistencia jurídica han disminuido un 16 % desde 2020. Son los países más ricos, con un PIB per cápita superior a 20.000 euros, los que más destinan a la asistencia jurídica (24 % del presupuesto judicial), en comparación con un escaso 3 % en países menos ricos.

Profesionales de la justicia: Jueces, fiscales, abogados, etc…

En 2022, Europa contaba con una media de 22 jueces, 12 fiscales y 180 abogados por cada 100.000 habitantes. Se trata de una media, ya que existen grandes diferencias entre países debido a las características específicas de cada sistema judicial, la existencia de jueces no profesionales (en el 54 % de los Estados miembros), el rol de los oficiales legales (en el 35 % de los Estados), y el personal de apoyo judicial.

En Europa, hay más mujeres juezas y fiscales que hombres (57 % y 54 %, respectivamente), y la proporción de mujeres jueces de nuevo ingreso es incluso superior en 24 países de 32. No nos engañemos, el techo de cristal sigue siendo una realidad, aunque parece empezar a desvanecerse, con un incremento de mujeres en altos cargos judiciales.

Entre 2012 y 2022, los salarios de los jueces y fiscales en proporción al salario medio aumentaron ligeramente en Europa, aunque se observaron importantes disparidades, con descensos en algunos países.

En promedio, el salario bruto de los jueces es 2,5 veces superior al salario medio nacional al inicio de su carrera y 4,9 veces superior al final de la misma.

Por otro lado, el salario bruto de los fiscales al inicio de su carrera es en promedio 1,9 veces superior al salario medio nacional, siendo esta proporción de 3,7 en el nivel del Tribunal Supremo.

Situación en el acceso a la justicia

Los 44 Estados miembros que se han analizado, ofrecen acceso gratuito online a textos jurídicos, jurisprudencia de tribunales superiores, como Audiencias Provinciales, TSJ, y TS en España, a través de los sitios web de sus tribunales.

Solo en 3 Estados miembros el acceso a los tribunales es gratuito.

Sin embargo, en los 46 Estados participantes se ofrece el servicio de asistencia jurídica gratuita, aunque los requisitos para su concesión son dispares ente los países. En algunos Estados, las víctimas de violencia doméstica o sexual, los inmigrantes o los solicitantes de asilo, se benefician automáticamente de esta ayuda, entre los que se encuentra España en algunos casos.

La digitalización de la justicia también va en aumento, siendo un medio que puede agilizar el funcionamiento judicial y extrajudicial.

En 2022 se confirmó la tendencia a la baja del número de tribunales en Europa, y el aumento de mecanismos alternativos de resolución de litigios como la mediación judicial, que existe en todos los Estados miembros.

En lo que respecta a la mediación judicial, aunque los mecanismos de resolución alternativa de conflictos se han consolidado como un medio para mejorar el acceso a la justicia, la mediación judicial sigue infrautilizada en un 25% de los Estados participantes en el estudio.

¿Son eficaces los tribunales en Europa?

Según el estudio, los sistemas judiciales europeos han mostrado una mejora significativa en 2022 en comparación con los datos de 2020.

La situación es distinta según se trate de un civil, penal o administrativo, y el nivel de jurisdicción (primera, segunda, Tribunal Supremo). Por ejemplo, mientras que los casos penales han experimentado una reducción en los tiempos de procesamiento en primera instancia, los casos civiles y mercantiles aún no han vuelto a sus niveles anteriores a la pandemia, con un aumento de los tiempos de procesamiento en primera y segunda instancia.

En España existe, desde 2.020, un atasco judicial a nivel global en todos los órdenes y niveles judiciales, incrementado por las huelgas en justicia de los últimos años, y la judicialización de la gran mayoría de asuntos.

Los tribunales de tercera instancia han sido los más eficientes para todos los tipos de casos. La mediación judicial, como método adecuado para resolver controversias, sigue siendo infrautilizada en el 25% de los Estados que proporcionan datos.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Aquí casi todos los estados han aumentado su presupuesto medio en TIC por habitante, lo que demuestra la creciente importancia de las TIC para el sistema judicial. Por primera vez, un nuevo índice experimental de uso de las TIC acompaña al índice de implementación de las TIC existente y proporciona una medida más completa del papel de las TIC en el poder judicial.

La implementación y el uso de las TIC varía significativamente entre los estados. De hecho, algunos países que han obtenido la puntuación más alta en el índice de implementación, tienen un índice de uso algo más bajo, lo que sugiere que puede haber un desarrollo reciente en las TIC, o bien, la incapacidad de medir el uso.

Después de la COVID, muchos Estados y entidades han logrado avances significativos en la introducción de videoconferencias, audiencias y comparecencias remotas en los tribunales, en 33 de los países ha sido posible en asuntos penales.

De los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, sólo Liechtenstein y San Marino no ha participado en el estudio al no haber facilitado sus datos.

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